- Por: Guadalupe Orta
Un juez federal concedió un amparo que ordena a diversas autoridades implementar acciones de saneamiento y restauración ambiental en el Bordo Benito Juárez, cuerpo de agua ubicado en el Parque Querétaro 2000, tras confirmarse altos niveles de contaminación, comunicó José Manuel Farca Sultán, abogado que promovió el amparo.
Farca Sultán celebró el fallo como un avance en la protección del medio ambiente en la capital queretana y detalló que el juicio de amparo se inició en 2023 y hace apenas unos días concluyó el juicio con una sentencia definitiva.
“El juez reconoce que el derecho ambiental fue violentado, y ordena que se subsanen las omisiones mediante acciones contundentes de limpieza, verificación y prevención”, explicó.
Entre los puntos resolutivos del fallo, el juzgado ordena a las autoridades responsables realizar inspecciones al bordo para identificar las fuentes de contaminación, llevar a cabo estudios de laboratorio sobre la calidad del agua y, en su caso, implementar medidas correctivas.
Además, detalló que tanto la Comisión Estatal de Aguas, el Municipio de Querétaro, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado son las dependencias que fueron señaladas como autoridades obligadas a cumplir la sentencia. También destacó que el fallo incluye la protección de aves migratorias que utilizan el bordo como espacio de descanso.
Explicó que durante el proceso legal, un perito ambiental tomó tres muestras de agua en distintas zonas del bordo y los análisis revelaron que los niveles de grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, nitrógeno total y E-coli superaban los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas. En uno de los casos, los sólidos suspendidos eran 7.7 veces mayores al límite normativo.
“La contaminación va de fuerte a muy fuerte. El juez instruyó que se verifique si existe riesgo ambiental latente para el entorno y los usuarios del parque, y se actúe en consecuencia”, agregó.
Por el momento, las autoridades cuentan con un plazo de 10 días hábiles para impugnar la resolución mediante un recurso de revisión. De no hacerlo, el juez declarará la sentencia como ejecutoriada y exigirá su cumplimiento.
Finalmente, el abogado dijo confiar en que la sentencia se mantendrá firme aun en caso de apelación, dada su solidez jurídica.