- Por: Guadalupe Orta.
Desde el viernes pasado, artesanos del Centro Histórico han denunciado enfrentamientos con inspectores municipales durante operativos de decomiso. Dos organizaciones, Hijas del Maíz y la Unión Popular (UP), acusan a las autoridades de violencia física, robo de pertenencias y abuso de autoridad en distintos incidentes ocurridos en días separados.
El primer conflicto ocurrió el viernes, cuando integrantes de Hijas del Maíz fueron invitadas a participar en la feria artesanal organizada por el municipio. Sin embargo, antes de dar una respuesta, inspectores municipales llevaron a cabo un operativo para retirar su mercancía, lo que, según su testimonio, se hizo de forma violenta y sin previo aviso, lo anterior en la calle de Madero con Allende. Además de perder sus productos, denunciaron que inspectores se llevaron celulares, bolsas y dinero, algunos de los cuales fueron devueltos en condiciones alteradas, como teléfonos formateados. También señalaron violencia de género, ya que una de sus compañeras sufrió tocamientos por parte de los inspectores. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, pues, según indicaron, resultaron heridas cuatro mujeres y tres menores de edad.
El segundo incidente ocurrió el domingo, cuando integrantes de la Unión Popular (UP) fueron desalojados del antiguo Palacio de Justicia, un espacio que utilizaban para la venta de sus productos. Según su versión, rechazaron la invitación a la feria artesanal y, tras esto, las autoridades ejecutaron un operativo en su contra. Cuatro personas fueron detenidas y liberadas más tarde, pero denunciaron agresiones físicas y el decomiso irregular de su mercancía, ya que no les dieron un documento que avalara qué mercancía les fue retirada, así como el robo de objetos personales como relojes, dinero y bolsas. Además, señalaron que han sido objetos de amenazas y hostigamiento por parte de inspectores y algunos funcionarios municipales, por lo que hicieron responsable al gobierno municipal de cualquier tipo de represalia en su contra.
En respuesta a estos hechos, el gobierno municipal mantiene un operativo de seguridad en el primer cuadro de la ciudad con presencia de policías y personal de inspección. Mientras tanto, las organizaciones afectadas indicaron que están dispuestos al diálogo con las autoridades para obtener un espacio de venta sin represalias ni violencia.