Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, así como de las policías estatal y municipal, desalojaron este lunes las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro, las cuales permanecían tomadas por integrantes de pueblos originarios desde el pasado 24 de marzo. El operativo se realizó tras una denuncia presentada por el propio Instituto para reclamar el inmueble.
Genaro Nieves Cruz, autoridad indígena comunitaria de Bernal, denunció que el desalojo se llevó a cabo sin mostrar orden judicial ni documentación oficial a los manifestantes, quienes solo recibieron información verbal por parte de las autoridades que encabezaron la acción.
“Llegaron con un número considerable de elementos de distintas corporaciones y nos pidieron el acceso sin mostrarnos una orden. No nos permitieron tomar fotos a las credenciales. Esta es una forma intimidatoria, es evidente que no están de acuerdo en que las comunidades se manifiesten”, afirmó Nieves Cruz.
De acuerdo con el representante, al momento del operativo él era la única persona presente en el lugar, ya que los demás integrantes del movimiento no habían llegado. Señaló que, aunque el desalojo se realizó sin violencia física, la presencia masiva de elementos de seguridad representa una acción para inhibir el derecho de protesta de los pueblos y comunidades.
El inmueble había sido ocupado como parte de una protesta para exigir la destitución de Carmen Álvarez, titular del INPI en Querétaro, a quien acusan de posibles actos de corrupción, exclusión de comunidades prioritarias en la asignación de presupuesto y de intervenir en los procesos internos de elección de autoridades indígenas, lo que consideran una violación a su autonomía y libre determinación.
“Exigimos la salida de la titular del INPI porque ha manipulado los procesos y no ha respetado nuestras decisiones como comunidades. Además, varias comunidades, incluyendo Villa Progreso, con más de seis mil habitantes, fueron dejadas fuera de la asignación de recursos”, reclamó Nieves Cruz.
Pese al desalojo, los manifestantes señalaron que mantendrán sus demandas y anunciaron que se reorganizarán para definir las siguientes acciones. Asimismo, responsabilizaron al director general del INPI, Adelfo Regino Montes y a Carmen Álvarez, de cualquier represalia que puedan enfrentar.
“Sí, hay temor, nos sentimos vulnerables por las actitudes de los titulares del instituto. Si no respetan el derecho al presupuesto, menos respetarán el derecho a la autonomía. Hacemos responsables al director general y a la titular estatal de cualquier cosa que pueda pasarnos”, advirtió.
Finalmente, subrayó que esto es muestra de que al Instituto encargado de defender sus derechos no le gusta cómo los pueblos los defienden y tampoco los respeta.