- Por: Guadalupe Orta
Miembros de los pueblos originarios que mantienen tomada las instalaciones del INPI denunciaron intimidaciones, ya que se presentaron denuncias penales en su contra; además, señalaron que su demanda de destitución de la titular sigue sin tomarse en cuenta.
Rafael Téllez, representante de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, informó que la funcionaria Carmen Álvarez Juárez presentó una denuncia penal contra quienes participan en la toma pacífica del instituto en Querétaro.
Esto dijo, lo consideró como actos de intimidación luego de que dos agentes que se identificaron como fiscales acudieran a su domicilio sin previo aviso.
“Traían chalecos de criminalística, fotografiaron mi casa y dijeron que se me podía identificar como participante en la toma. No me notificaron nada ni me pidieron declaración”, afirmó.
Señaló que los agentes mencionaron el artículo 185 del Código Penal, el cual se refiere a delitos como secuestro o toma violenta de inmuebles; sin embargo, aseguró que su movilización ha sido pacífica y que no existe fundamento legal para proceder en su contra. Hasta el momento, no ha recibido notificación oficial de la fiscalía.
Por su parte, Genaro Nieves Cruz, autoridad comunitaria de Bernal, Indicó que, aunque se han solicitado mesas de diálogo, no ha habido respuesta concreta por parte de las autoridades federales respecto a la destitución de Carmen Álvarez Juárez como directora del instituto en el estado.
“El 30 de marzo nos canalizaron con el área jurídica del INPI desde la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, pero los funcionarios que nos atendieron dijeron no tener capacidad de decisión”, explicó.
Ambos dirigentes acusaron un conflicto de interés entre Álvarez Juárez y el director general del INPI, ya que le han perdonado actos de corrupción, por lo que se siente intocable.
Los manifestantes exigieron la destitución de la funcionaria y el cumplimiento del artículo 2 constitucional, que garantiza derechos y recursos a los pueblos originarios, ya que aseguraron que los fondos destinados a sus comunidades han sido desviados a otros fines.
Finalmente, recordaron que la protesta, que ya suma 28 días y además de los pueblos indígenas de Querétaro y Guanajuato, les han acompañado representantes de San Luis de la Paz y de los municipios de San Miguel de Allende, Ezequiel Montes, Amealco y Colón.