Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno no aplicará el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos considerados “violentos”, pese a que la medida quedó incluida en la Ley de Ingresos. La decisión, explicó, responde a problemas técnicos que hacen inviable su cobro.
Sheinbaum admitió que no existe una forma clara de distinguir qué videojuego es violento y cuál no, quién debe definirlo, bajo qué criterios y cómo cobrar el impuesto sin caer en arbitrariedad. Reconoció que el problema va más allá de lo administrativo y alcanza el desconocimiento del propio ecosistema digital.
La presidenta señaló que muchos videojuegos operan en línea, con dinámicas cambiantes, lo que impide una clasificación fija para efectos fiscales. Ante ese escenario, el gobierno optó por no aplicar el gravamen, aun cuando permanece en la ley.
En lugar del impuesto, la administración federal apostará por campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes enfocadas en adicciones y construcción de la paz. La propuesta original, sin embargo, ya había provocado un rechazo amplio en la comunidad gamer, no solo por el impacto económico, sino por el enfoque que vinculó videojuegos con violencia y adicción, una lectura vista como simplista y desinformada.
El episodio dejó expuesta una política planteada sin claridad técnica, con regulación mal diseñada y decisiones tomadas sin entender del todo el entorno digital que se pretendía gravar.
