A pesar de que el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, había anunciado la creación de una “lista negra” de desarrolladoras incumplidas, y de que el regidor Claudio Sinecio presentó una propuesta en ese sentido en Cabildo, por el momento no se aplicará esta medida de manera inmediata, aclaró Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano de la capital.
El funcionario señaló que antes de negar permisos o cerrar trámites a las inmobiliarias que no hayan entregado los fraccionamientos o los servicios comprometidos, se buscará primero agotar todas las vías legales y de diálogo para que cumplan con sus obligaciones.
“No estamos construyendo una lista donde alguien no pueda realizar absolutamente nada. Nuestra prioridad es presionar a los desarrolladores para que cumplan y así evitar que los ciudadanos resulten afectados. Si después de eso no hay disposición, entonces sí podríamos negar los permisos”, explicó Romero Altamirano.
Actualmente, el municipio tiene identificados 43 fraccionamientos en proceso de entrega de servicios, con cuyos responsables se mantiene comunicación para acelerar la conclusión de las obras y formalizar la recepción de los conjuntos habitacionales. El secretario insistió en que la prioridad es que las familias tengan acceso a los servicios y puedan contar con certeza jurídica sobre su patrimonio.
Romero Altamirano subrayó que esta revisión es independiente de los programas de regularización de construcciones individuales o asentamientos irregulares, ya que en el caso de los fraccionamientos se trata de procesos específicos que se atienden a través del comité de entrega-recepción.
“El objetivo no es cerrar ventanillas de inmediato, sino garantizar que las desarrolladoras cumplan con lo que corresponde. Si llegado el momento hay quienes se niegan a cumplir, entonces sí se tomarán medidas más estrictas”, afirmó.
El secretario indicó que se mantiene el diálogo abierto con el regidor Sinecio Flores y otros integrantes del cabildo para definir los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las empresas, pero reiteró que, por ahora, la estrategia es insistir en la vía legal antes de aplicar sanciones más severas.