- Por: Guadalupe Orta
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, afirmó que la abogada Rocío Rojas Rodríguez no cumplía con los requisitos legales para ser considerada como candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), motivo por el cual fue descartada desde la Comisión de Justicia del Senado.
Arango explicó que la comisión fue la instancia encargada de emitir el dictamen correspondiente y determinar los perfiles que serían propuestos al pleno.
Señaló que en el caso de Rojas existían al menos dos impedimentos jurídicos que la inhabilitaban para ocupar el cargo: por un lado, indicó que actualmente aparece como consejera de Morena, lo que representa un cargo de dirigencia partidista, y la normativa electoral exige un periodo mínimo de separación de tres años en estos casos.
Por otro lado, señaló que fue candidata a diputada por la vía de representación proporcional por el mismo partido, lo que según la ley implica un periodo de restricción de cuatro años antes de poder aspirar a una magistratura electoral.
El dirigente panista aseguró que estos impedimentos están documentados y son públicos, por lo que, desde su perspectiva, no había fundamento para que Rojas continuara en el proceso.
“Me parecería inmoral que, a sabiendas del incumplimiento de los requisitos, haya decidido tomarse una postulación”, declaró.
Respecto a la denuncia por violencia política en razón de género que Rocío Rojas anunció en contra del senador Ricardo Anaya, Arango descartó que se trate de una agresión motivada por su condición de mujer. Afirmó que el señalamiento obedece únicamente a la falta de cumplimiento con los requisitos legales establecidos.
“No me parece que sea una cuestión de género, sino que no cumplía con los requisitos (… )y eso es algo que salta a la luz pública”, expresó.
También respondió a las críticas que la abogada hizo sobre supuestas prácticas dentro del PAN relacionadas con la colocación de perfiles afines en cargos públicos. Arango consideró que esas comparaciones no son válidas, ya que los casos mencionados por Rojas no implicaron conflictos de interés, al no haber sido parte de las elecciones o procesos que después se vieron involucrados, en cambio, dijo que, en esos casos, impedir el acceso a cargos públicos sí podría ser una violación a los derechos humanos.