El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor y 129 en contra, la reforma a la Ley General de Salud que proscribe la comercialización y uso de vapeadores y dispositivos similares. Sin embargo, el dictamen avalado trasciende la restricción de estos productos y establece una reingeniería administrativa que impacta las compras públicas, la operación de los órganos reguladores y la infraestructura sanitaria del país.
La legislación modifica los criterios para la adquisición consolidada de medicamentos y dispositivos médicos, al obligar a la Secretaría de Salud a privilegiar a las empresas que cuenten con inversiones o instalaciones dentro del territorio nacional. De manera paralela, el proyecto busca el fortalecimiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) mediante la promesa de agilizar trámites administrativos, la simplificación de los comités de investigación y la incorporación de un marco regulatorio específico para hemoderivados.
En materia de planeación y recursos, los legisladores dieron luz verde a la creación de un Plan Maestro Nacional de Infraestructura y Equipamiento Médico, diseñado para centralizar la gestión de tecnología de alto nivel, además de añadir capítulos dedicados a la salud digital. Finalmente, la reforma elimina los porcentajes fijos de distribución del Fondo de Salud para el Bienestar, lo que faculta a su Comité Técnico para decidir el destino de los recursos de manera discrecional. El proceso legislativo continúa ahora con la discusión de los artículos reservados.
