La cifra será distribuida entre seis partidos para cubrir actividades ordinarias, específicas y de liderazgo femenino.
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos nacionales en 2025, con un monto total de $7,354,266,504, destinado a cubrir diversas actividades políticas. Esta cifra incluye fondos para actividades ordinarias, específicas, franquicia postal y telegráfica, además de un rubro especial para fomentar el liderazgo político de las mujeres.
La distribución de los recursos es la siguiente:
- Partido Acción Nacional (PAN): Recibirá $1,294,093,318, con $1,233,624,330 asignados a actividades ordinarias, $37,008,730 a actividades específicas y $23,344,676 para franquicia postal.
- Partido Revolucionario Institucional (PRI): Obtendrá $985,302,647, con $933,827,562 en actividades ordinarias, $28,014,827 en actividades específicas y $23,344,676 en franquicia postal.
- Partido del Trabajo (PT): Recibirá $679,998,825, distribuidos en $637,416,085 para actividades ordinarias, $19,122,482 en actividades específicas y $23,344,676 para franquicia postal.
- Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Contará con $837,983,966, de los cuales $790,910,008 son para actividades ordinarias, $23,727,300 para actividades específicas y $23,344,676 para franquicia postal.
- Movimiento Ciudadano (MC): Recibirá un total de $972,301,689, compuesto por $921,317,488 en actividades ordinarias, $27,639,525 en actividades específicas y $23,344,676 en franquicia postal.
- MORENA: Será el partido con el mayor financiamiento, alcanzando $2,584,241,295, de los cuales $2,486,307,397 se destinarán a actividades ordinarias, $74,589,222 a actividades específicas y $23,344,676 en franquicia postal.
Este presupuesto, además de las actividades ordinarias de cada partido, incluye una asignación específica para impulsar el liderazgo político de las mujeres, con el objetivo de fortalecer su participación en la vida política.
En el mismo contexto, el Consejo del INE anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender algunas reformas que impactan la designación de autoridades electorales, buscando así proteger la autonomía en los procesos de elección y designación de los funcionarios responsables de los próximos comicios.
