La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de reforma electoral aún se encuentra en construcción y que su presentación se prevé hasta el mes de febrero, debido a que dentro del gobierno federal continúan las discusiones sobre su alcance y contenido, así como el diálogo con las fuerzas políticas aliadas.
La mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación mantiene las conversaciones con los partidos que integran la coalición, y reconoció que todavía no existen consensos sobre el número de reformas constitucionales que podrían ser necesarias para concretar los cambios planteados. En este contexto, subrayó que el proyecto no busca afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
“Todavía no tenemos la propuesta, eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta que garantice la representación de las minorías y que reduzca los gastos de partidos, del INE y de los organismos locales. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y no tiene por qué ser así”, señaló.
Sheinbaum detalló que el planteamiento en desarrollo apunta a disminuir los costos del sistema electoral, asegurar la representación proporcional de las minorías y ampliar los mecanismos de participación ciudadana en los ámbitos municipal, estatal y nacional. Reiteró que el objetivo central es hacer más eficiente el uso de los recursos públicos sin debilitar a las instituciones electorales.
“No se trata de quitarle autonomía al INE, sino de hacer más razonable el gasto y abrir espacios de participación ciudadana en las decisiones municipales y nacionales”, puntualizó.
La presidenta adelantó que también se revisará el esquema de representación proporcional, particularmente la forma en que se eligen las diputaciones plurinominales, con la intención de modificar un modelo que, dijo, actualmente responde a decisiones de las dirigencias partidistas. “Si existen plurinominales, que se elijan de manera distinta, no como cuotas de las cúpulas partidistas que nunca buscan el voto con la gente”, expresó. Añadió que la iniciativa incluirá un fortalecimiento de la fiscalización de los recursos y sanciones claras para quienes excedan los topes de gasto.
