La distribución de recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en Querétaro podría enfrentar impugnaciones legales debido a fallas en el proceso legislativo con el que se aprobaron las normas que regulan su aplicación, advirtió la diputada Claudia Díaz Gayou.
La legisladora explicó que el Congreso del Estado de Querétaro aprobó el pasado 15 de diciembre, en una sola sesión, tanto la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal como la Ley de Bases, Montos y Plazos para la distribución de recursos a los municipios. Esta decisión se tomó ante el vencimiento del plazo para aprobar el Paquete Fiscal, que concluía esa misma noche.
De acuerdo con Díaz Gayou, el problema radica en que la fórmula de distribución se avaló con fundamento en una reforma que aún no había entrado en vigor, ya que toda modificación legal requiere su publicación para surtir efectos. Además, la propia reforma establece que su aplicación iniciará hasta el 1 de enero de 2026, lo que implica que la Ley de Bases, Montos y Plazos se aprobó bajo una norma jurídicamente inexistente en ese momento.
La diputada señaló que esta situación podría dejar sin efecto los cambios previstos en la distribución del IEPS para el próximo año y generar complicaciones administrativas y financieras para los municipios, en particular para aquellos con mayores niveles de rezago. Aunque ambas disposiciones ya fueron publicadas en el La Sombra de Arteaga, consideró que el riesgo de impugnación se mantiene vigente.
Díaz Gayou recordó que la fórmula aprobada contempla destinar 70 por ciento de los recursos del IEPS a los municipios con mayor población, mientras que del 30 por ciento restante se asigna 20 por ciento a los municipios con mayor índice de pobreza y 10 por ciento a aquellos con mejor recaudación y disciplina fiscal. Sin embargo, insistió en que el procedimiento seguido abre la puerta a recursos legales que podrían invalidar lo aprobado.
“Es un error de Asuntos Parlamentarios que tienen que corregir y tenemos que hacer las valoraciones para saber qué hacer, porque la forma en que se aprobaron las leyes en la misma sesión, no corresponde a los tiempos en los que debería estar la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que debe de regir para poder aprobar la Ley de Bases, Montos y Plazos”, afirmó.
La legisladora llamó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso local a revisar y corregir las inconsistencias detectadas para evitar vacíos legales. Consideró que aún existe margen para realizar ajustes que den certeza jurídica a la distribución de participaciones.
“Se tiene que corregir. Estamos a tiempo de hacer las correcciones que se tengan que hacer para no dejar huecos legislativos, que es lo que hemos estado manifestando, esas lagunas legislativas que tenemos que ir acotando, estamos a tiempo de corregir la situación”, expresó.
Díaz Gayou también descartó que pueda mantenerse la fórmula de distribución correspondiente a 2025, al tratarse de una ley con vigencia anual, y advirtió que el escenario actual deja a la reforma en una situación vulnerable ante posibles inconformidades legales.
“Estamos sujetos a que se pueda impugnar fácilmente o que se inicie algún procedimiento jurídico que invalide lo aprobado. Estamos en la ‘cuerda floja’ ante posibles inconformidades que repercutirían en el avance que se buscó con esta reforma”, concluyó.
