La Agrupación de Comerciantes y Fabricantes del Centro Histórico exigió al gobierno municipal la revocación inmediata de los permisos otorgados a los líderes de la organización COINDEPROMIX, encabezada por Paula Porfirio y César Islas. Esta demanda surge tras el reciente enfrentamiento entre vendedores informales e inspectores, así como por el impacto económico negativo que, según los locatarios, ha provocado una caída del 90% en sus ventas debido a la saturación del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.
Laura Campos, vocera de los empresarios establecidos, solicitó a la autoridad local aplicar la ley con la misma rigurosidad con la que se fiscaliza al comercio formal. “Pedimos con la misma contundencia que se nos aplican incrementos, multas, recargos y demás contribuciones, el municipio de Querétaro revoque de inmediato todas las autorizaciones que Paula Porfirio, César Islas, Juan Ocampo y Elena Esquivel se han otorgado, sin ningún tipo de control ni análisis de impacto a la economía establecida”, declaró.
El gremio instó a los regidores de todas las fracciones políticas a acudir a la zona para constatar la problemática y evitar represalias contra los denunciantes. Durante su pronunciamiento, Campos señaló la presunta injerencia de actores políticos en el conflicto: “Sabemos y nos reservamos el derecho de dar nombres por represalias, que gente del partido de Morena están atrás de todos estos movimientos en específico de Paula”. No obstante, aclaró que su organización no mantiene vínculos partidistas.
René Laureano, presidente de la agrupación, advirtió que la estrategia de COINDEPROMIX ha desestabilizado la seguridad del área. “En las últimas semanas, varios comerciantes de la zona han sido amenazados por estos grupos, creando un ambiente de temor e incertidumbre que afecta directamente la seguridad, la convivencia y la estabilidad económica de quienes sí cumplen con sus obligaciones y trabajan de manera formal”, aseguró.
Los afectados denunciaron que los líderes de los comerciantes en vía pública utilizan su origen y supuesta vulnerabilidad para justificar agresiones y burlas. Irma Juárez, locataria del Centro, relató que integrantes de dicha organización acudieron a su negocio para intimidarla a ella y a su familia. “Ellos no tienen respeto, por no hacer violencia no hice nada, no salí a hacer violencia con ellos (…) que no haya más violencia”, concluyó.
