El Paquete Económico 2026 impone un nuevo golpe a los videojuegos con contenido violento. El gobierno espera recaudar 183 millones de pesos con este gravamen.
La medida consiste en un impuesto especial ad valorem de 8% a los servicios digitales que ofrezcan videojuegos violentos. El nuevo cobro se suma a los incrementos en refrescos, tabaco y apuestas, dentro de las reformas al IEPS.
El argumento oficial sostiene que busca desincentivar consumos dañinos para la salud o la convivencia social. Sin embargo, el mensaje es claro: colocar a los gamers en la misma bolsa de quienes pagan cargas “extra fiscales”.
Con este impuesto, los usuarios de videojuegos se convierten en objetivo recaudatorio del próximo año. El gobierno convierte el entretenimiento en fuente de ingresos para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.
La medida exhibe un enfoque punitivo que criminaliza el consumo digital bajo el disfraz de prevención, mientras refuerza la dependencia de la hacienda pública en gravámenes fáciles y de alto impacto social.
