- Por: Guadalupe Orta
El delito de extorsión se ha convertido en una de las amenazas más graves para la seguridad y la economía del país, con el 96.7% de los casos que no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI. Esta cifra negra evidencia la magnitud de un delito que se extiende silenciosamente por todo el territorio nacional.
De acuerdo con la COPARMEX, empresarios, familias y pequeños negocios enfrentan día a día formas diversas de extorsión que van desde llamadas y mensajes intimidatorios hasta el cobro de piso, prácticas que suplantan funciones del Estado como la seguridad y la recaudación. En algunos casos, incluso servidores públicos participan exigiendo sobornos, agravando la vulnerabilidad de las víctimas.
Es por esto que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) urgió al Congreso de la Unión a aprobar una Ley General contra la extorsión, que permita homologar el delito a nivel nacional y establecer mecanismos eficaces de prevención, persecución y sanción. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de una cuarta parte.
En enero de 2025 se registraron oficialmente 923 víctimas de extorsión, un aumento del 13.3% respecto al mes anterior y del 3.8% comparado con enero de 2024, lo que equivale a 30 víctimas diarias. Sin embargo, el subregistro real es mucho mayor.
Además del impacto humano, la extorsión tiene consecuencias económicas devastadoras. En 2023, este delito representó un costo de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima.
COPARMEX ha presentado una propuesta de reforma al artículo 73 constitucional y un proyecto de Ley General elaborado con especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa busca coordinar esfuerzos entre autoridades, estandarizar penas y mejorar la respuesta institucional ante un fenómeno que ha crecido hasta 50% en algunos estados en los últimos seis años.
“La extorsión frena el desarrollo, debilita el tejido social y deja a miles de personas a merced del miedo. Es momento de actuar con firmeza. México no puede seguir tolerando este nivel de impunidad”, sentenció.