La Cámara de Diputados aprobó una reforma para aumentar las sanciones por el delito de despojo en todo el país. El dictamen, enviado al Senado para su análisis, establece penas de seis a diez años de prisión y multas que van de 500 a 2 mil unidades de medida. La modificación también incorpora agravantes cuando la víctima sea una persona adulta mayor, con discapacidad o en condición de vulnerabilidad, así como cuando el responsable sea servidor público.
El proyecto incluye la creación del artículo 395 Bis, que permitirá imponer penas acumuladas en casos donde exista violencia o amenazas durante la comisión del delito. Legisladores señalaron que el objetivo es reforzar la protección a propietarios y poseedores de viviendas o tierras en contextos donde se han registrado conflictos derivados de invasiones o apropiaciones indebidas.
Aunque la reforma avanza en el ámbito legislativo, especialistas han advertido que el despojo se mantiene como un problema extendido no por la falta de sanciones, sino por la ausencia de respuesta institucional. Coinciden en que la falta de investigación, la tardanza en integrar carpetas y la falta de ejecución de desalojos ordenados por jueces contribuyen a que estos casos se prolonguen sin solución.
El dictamen continuará su proceso legislativo en el Senado, donde deberá discutirse antes de su eventual entrada en vigor.
